¿Urribarri libre?

Por Armando Sánchez

Urribarri no sólo está libre, sino que, además, sigue accionando en la vida pública tras haber tenido que presentar su renuncia al cargo de embajador de Israel y Chipre, y luego de que el gobierno nacional tuviera que aceptársela indeclinablemente por el reclamo social de claridad en cuanto a su situación frente a la justicia. El ex gobernador entrerriano y ex embajador está envuelto en una serie de causas por delito de administración fraudulenta (es decir corrupción). En una de ellas fue condenado en primera instancia, y aún así sigue de gira por la provincia haciendo proselitismo de un supuesto modelo ejemplar de hacer política, y arengando en manifestaciones y actos públicos en defensa de otros imputados en delitos de corrupción. Todo esto sucede cuando el país está reclamando formas nuevas de gobernar, en pos de más transparencia, más generación de empleo, más apuesta por el desarrollo de las personas y más visión a mediano y largo plazo.

Urribarri aún no tiene condena firme, queda la confirmación de la condena por el tribunal de alzada para obtener el doble conforme que confirme la sentencia y pueda hacerse efectiva la pena de prisión. La justicia tiene plazos que a veces se extienden durante años. En esos plazos, el condenado en primera instancia tendrá la posibilidad de volver a ser candidato, si el peronismo entrerriano considera que es merecedor de volver a serlo. La condena que Urribarri ya recibió es por administración fraudulenta contra el Estado provincial, un delito donde se ven afectados bienes públicos, debería ser condición para que la justicia se expida en plazos razonables, que eviten dilatar la causa con planteos que busquen hacerla retroceder o paralizarla, como ya ocurrió con la Causa Contratos de la Legislatura.

Por eso es que instamos a la justicia a expedirse antes del cierre de listas para las elecciones de 2023. Para que todo sea más transparente y se quiten los mantos de sospecha de corporativismo entre la política y la justicia. Si no se expide a tiempo, la ciudadanía lo sentirá como una injusticia más de las que solemos vivir. Sentencia firme en un juicio justo no es proscripción ni persecución si se lo prueba culpable, sino justicia. Lo mismo si se lo prueba inocente habilitándolo a participar en elecciones como cualquier otro ciudadano.

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